Inmaculada Gálvez fué, de 2000 a 2004, diputada de Los Verdes
en el Parlamento andaluz. Abogada y residente en Marbella, ha sido desde 1997 el
azote de los políticos corruptos que convertieron la Marbella de Gil, el
fallecido presidente del Atlético de Madrid, en una ciudad sin ley, donde los
mafiosos campaban a sus anchas, lavaban dinero negro a espuertas y se
enriquecían construyendo ilegalmente. Hasta que hace unas semanas un juez
encarceló a la alcaldesa, a varios concejales y a un grupo de asesores
urbanísticos y abogados que manejaban los hilos de la corrupción desde un
despacho madrileño.
El gobierno tuvo que disolver la corporación municipal y
nombrar una gestora encargada de mantener los servicios municipales y poner
orden en el caos urbanístico hasta las próximas elecciones. La gestora reconoce
ya la existencia de 30.000 viviendas ilegales, construidas muchas de ellas en
zonas verdes o de equipamiento.
Fue durante una cena en Marbella, en la primavera de 1997,
cuando Inmaculada supo que algo extraño estaba ocurriendo, «las zonas verdes de
nuestras urbanizaciones, las parcelas que estaban destinadas a equipamientos,
estaban edificándose con un destino muy distinto al que estaba previsto».
Comenzaron las reuniones con colectivos, asociaciones,
partidos de la oposición, y se organizó una plataforma. «Comprobamos que aquéllo
no tenía ni el más mínimo indicio de tratarse de actuaciones lícitas. Realizamos
alegaciones a la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana que se expuso
por aquellas fechas a información pública y comprobamos la magnitud del
problema, por lo que nos vimos obligados a denunciar ese mismo año, ante los
Juzgados de Instrucción, catorce obras que se iban a llevar a cabo en zonas
verdes y equipamientos».
Hoy se siguen más de un centenar de diligencias previas por
presuntos delitos urbanísticos en Marbella; 220 expedientes administrativos
sancionadores ante las Consejerías de Medio Ambiente y Obras Públicas de la
Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente; más de cien contenciosos
administrativos impugnando licencias urbanísticas, incluso penden aún
diligencias penales por presunto delito electoral.
En el despacho de Inmaculada Gálvez, las denuncias por
delitos urbanísticos cometidos en Marbella, en las que están personados Los
Verdes, no han dejado de crecer desde entonces.
Pregunta: ¿Cuáles son las claves para entender lo que ha
ocurrido en Marbella?
Respuesta: Una sociedad desvertebrada y una separación
absoluta entre el poder político y la ciudadanía. Un poder político que no ha
pensado en el futuro sino en el corto plazo. Un modelo urbanístico basado en la
especulación y la cultura del pelotazo.
P: Según la Comisión Gestora, se han construido 30.000
viviendas ilegales. Para llegar a esos niveles de corrupción, ¿ha debido haber
comnivencia judicial?
R: Si yo tuviera pruebas de eso iría a denunciarlo al juzgado
de guardia. Lo que sí creo es que ha habido una pasividad de los jueces y un
desconocimiento por parte del poder judicial, y sobre todo de la fiscalía, para
atajar a tiempo todo lo que ha ocurrido. Digamos que ha habido una ignorancia
inexplicable.
P: ¿Cuáles deberían ser los primeros pasos, las prioridades,
para la Gestora que se ha creado tras la disolución de la corporación municipal?
R: Primero gestionar un Ayuntamiento en quiebra. En segundo
lugar, declarar la lesividad de todas las actuaciones ilegales que se han
cometido con los sucesivos gobiernos del GIL. Pero creo que es imposible que la
Gestora en un año restablezca la normalidad y aún menos la confianza de los
ciudadanos.
P: ¿Crees que es necesaria la opción verde en una ciudad como
Marbella?
R: En Marbella y en toda España, que es el primer país de
Europa en consumo de cemento.
P: Los problemas de corrupción urbanística que se han dado en
Marbella, ¿existen también en otros ayuntamientos?
R: Sí, por supuesto, existen en toda España, con diferente
intensidad claro. Marbella ha sido el esperpento, pero casos hay en todo el
Levante, en Madrid… Si estás en la calle y hablas con los constructores, a los
técnicos les llaman «el 10 por ciento». Hay que diferenciar dos clases de
corrupción, la ilegal y la legal. Muchas veces la corrupción está amparada en
Planes Generales de Ordenación Urbana aprobados por corporaciones que dan una
apariencia de legalidad a una especulación y a un sistema corrupto. El
Planeamiento y los convenios urbanísticos no están muchas veces abiertos a la
participación ciudadana sino únicamente a expectativas empresariales.
P: ¿Qué le dirías a nuestros lectores de la Costa del Sol
respecto al futuro de Marbella?
R: En busca del tiempo perdido, como en la novela, buscar el
tiempo perdido es lo que habría que hacer. Y reflexionar mucho sobre lo que ha
ocurrido.
P: Has sido durante cuatro años, hasta el 2004, diputada de
Los Verdes en el Parlamento de Andalucía. A tu juicio, ¿cuál es el principal
problema ecológico en Andalucía, y la prioridad en política ambiental?
R: El modelo de desarrollo urbanístico impuesto por el PSOE.
La prioridad, concienciar a los andaluces de que la tierra no se puede esquilmar
mediante el ladrillo y el plástico. La industria del cemento se debe reciclar en
una industria limpia. Y reconvertir ecológicamente la agricultura en función de
las necesidades de Andalucía, dejando el monocultivo de invernadero.
P. El Parlamento andaluz, en el debate sobre el estatuto, ha
definido Andalucía como una «realidad nacional». ¿Andalucía es una nación?
R. Yo no soy nacionalista, soy universalista y europea. Creo
en las regiones, con su identidad. Y tengo una frustración de ver cómo el
estatuto no se ha desarrollado. La primera Ley de Vivienda se ha promulgado este
año, pese a que la competencia es del año 89. El señor Chaves, presidente del
PSOE andaluz, es el inventor de la reforma estatutaria, pero creo que es para
rellenar páginas de periódico, porque tenemos ya un estatuto sin desarrollar o
con competencias mal desarrolladas. Lo que no se debe hacer es reformar la
Constitución a través de la reforma del Estatuto. Si lo que se pretende es
reformar la Constitución, pues abramos ese debate.
P. El acuerdo de gobierno suscrito hace dos años por Los
Verdes con el PSOE, ¿en qué medida se está cumpliendo?
R. Creo que sólo ha servido para que Los Verdes tengan un
representante en el Congreso de los Diputados al que sólo le hemos oído hablar
de los simios. En el Congreso se puede hacer un gran trabajo pero al PSOE no le
hubiera convenido tener un diputado que sacara los pies del plato. Echo en falta
muchísimas iniciativas ecológicas ante los muchos retos que tenemos los
españoles.
P. Entonces, ¿deberíamos hacer una valoración negativa del
trabajo de Francisco Garrido en el Congreso de los Diputados?
R. No sólo como diputado sino también como supuesto líder de
un partido verde que es necesario, porque es imperativo que en España tengan
presencia Los Verdes. Y Garrido no ha contribuido en absoluto a la consolidación
de Los Verdes.
P. Se acaba de crear una Mesa de Unidad de Los Verdes (www.los-verdes.es)
para concurrir a las elecciones de 2007 con candidaturas propias, sin alianzas
con partidos tradicionales, y para impedir que el PSOE, IU o ICV se apropien de
las señas de identidad verdes. ¿Simpatizas con esa iniciativa?
R. Por supuesto, Los Verdes deben defender su propia
identidad y concurrir a las elecciones con sus propias siglas.
P. Eres amante de las medicinas alternativas y te sueles
tratar con homeopatía. Uno de los acuerdos de Los Verdes con el PSOE era la
regulación, en esta legislatura, de las terapias naturales, sin embargo el
gobierno sigue sin abordar este compromiso electoral y los 35.000 profesionales
de la salud natural siguen ejerciendo en una situación de alegalidad, de
exclusión y marginalidad…
R. No sólo hace falta la regulación, sino además el amparo de
los pacientes que tienen derecho a decidir a qué terapeuta quieren confiar su
salud.
P. ¿Por qué crees que el gobierno no se toma en serio la
regulación de las medicinas alternativas?
R. Bueno, no vamos a recordar aquí la película de «El
jardinero infiel», pero es evidente que existen intereses económicos de las
multinacionales farmacéuticas. Creo que hace falta una Ley reguladora de ámbito
nacional. Yo creo que deben estar incluidas en la Seguridad Social porque pueden
tener el mismo éxito y conseguir los mismos fines que la medicina convencional.
Yo trato a mis hijas con homeopatía desde que nacieron y en eso no tengo duda.
Creo que tenemos derecho a que ese gasto lo cubra la Seguridad Social.
Inmaculada Gálvez fué, de 2000 a 2004, diputada de Los Verdes
en el Parlamento andaluz. Abogada y residente en Marbella, ha sido desde 1997 el
azote de los políticos corruptos que convertieron la Marbella de Gil, el
fallecido presidente del Atlético de Madrid, en una ciudad sin ley, donde los
mafiosos campaban a sus anchas, lavaban dinero negro a espuertas y se
enriquecían construyendo ilegalmente. Hasta que hace unas semanas un juez
encarceló a la alcaldesa, a varios concejales y a un grupo de asesores
urbanísticos y abogados que manejaban los hilos de la corrupción desde un
despacho madrileño.